La Justicia suspendió otra intervención del Gobierno a un sindicato. Se trata de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que permanecía bajo tutela del Ejecutivo desde 2016

La Justicia suspendió otra intervención del Gobierno a un sindicato. Se trata de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que permanecía bajo tutela del Ejecutivo desde 2016 y que ahora, a partir de un fallo de la Cámara laboral, deberá volver a manos de sus tradicionales autoridades. 

La resolución de la Sala XI del tribunal, a la que tuvo acceso a este diario, suspende una elección convocada por los interventores para el 14 de enero y ordena la reposición en su cargo de ángel García, el secretario general del gremio antes del desembarco de la Casa Rosada.

El derrotero de la intervención ahora en suspenso es similar al de otros sindicatos donde la administración de Mauricio Macri promovió la remoción de dirigentes para poner en su lugar gestiones afines.

El caso más paradigmático fue el del sindicato de marítimos (SOMU), que este año volvió a manos de sus afiliados luego de un intento fallido de la exintervención por impulsar un candidato propio alineado con Cambiemos, pero en otros fue la propia Justicia la que desplazó a los funcionarios del Ejecutivo: 

Sucedió en el gremio de Canillitas (Sivendia), el de jerárquicos ferroviarios (Apdfa), el de trabajadores de la industria del azúcar, de Tucumán (FEIA) y en el de judiciales de Mendoza, entre otros.

Con la firma de los camaristas álvaro Balestrini y Roberto Pompa, la Sala IX dictaminó a favor de García en una medida cautelar que presentó para dejar sin efecto el llamado a elecciones que había hecho el delegado normalizador nombrado por el Gobierno.

Patricio Lombilla. Los jueces fueron más allá: resolvieron, además de suspender el comicio del 14 de enero, ordenar al Ministerio de Producción y Trabajo extender una certificación de autoridades (el reconocimiento formal en el rubro sindical) a García y a sus colaboradores, cuyos cargos habían sido prorrogados por una asamblea general del gremio en 2017 cuando ya regía la intervención oficial.

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