La medida asoma como un castigo a la central obrera por romper el diálogo y avanzar hacia una postura más combativa luego de semanas de constantes titubeos.

"Estaba prevista una reunión para seguir negociando varios puntos, entre ellos el dinero de las obras sociales. Pero decidieron patear el tablero y convocar a un paro. Por lo tanto, decidieron poner fin a las tratativas y a lo que se pudo haber avanzado en las mismas", se mostraron inclementes desde la Casa Rosada.

El endurecimiento oficial tomó por sorpresa a los sindicalistas, viejos zorros en estas lides. De todos modos, creen que sobre el giro del dinero aún no está dicha la última palabra.

"Es lógico el enojo del Ejecutivo por el paro que anunciamos. Pero de ahí a poner en riesgo todo el sistema de prestación de salud es otra cosa. No se puede jugar con esto. Es muy riesgoso que retengan la plata", advirtió un jefe gremial que participó de la infructuosa negociación pero que pidió mantenerse en el anonimato.

Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes de la conducción tripartita de la CGT, había reclamado ese dinero la última semana, cuando estuvo cara a cara con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne.

De esa conversación también participaron el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Legizamón.

Parte del dinero reclamado por la CGT proviene del aporte de los afiliados que el Estado recauda y redistribuye entre las obras sociales a modo de reintegros por tratamientos de alta complejidad. "Vamos a buscarle la vuelta para devolver esa plata. Ya vamos a encontrar la fórmula", se comprometió Quintana.

De hecho, el funcionario hizo un puente con el Superintendente de Servicios de Salud (SSS), Sandro Taricco —quien participaba en Ginebra de la comitiva argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— para dar forma a un decreto que respondiera a la demanda gremial.

Schmid, desconfiado, ya los había reprendido por emular a las administraciones anteriores. Concretamente, los acusó de utilizar esa deuda como una zanahoria para que la CGT vaya al pie del Gobierno a fin de domesticarla.

Enterado ahora de la decisión de la administración macrista de frenar los reintegros, el jefe sindical estalló. "Esto tiene que quedar bien claro: la plata es de las obras sociales, no del Gobierno. Si no la liberan, vamos a hacer presentaciones judiciales", confió a Infobae.

El último domingo hubo contactos telefónicos entre varios dirigentes gremiales y Jorge Triaca. El pago de la deuda con las obras sociales parecía encauzado, no así otras dos demandas centrales de las cinco que pusieron sobre la mesa: el pacto anti-despidos y la eximición del pago de Ganancias del medio aguinaldo.

Sobre este último punto, los sindicalistas tuvieron eco parlamentario. No por nada el senador peronista Miguel ángel Pichetto, con quien mantienen fluidos contactos, presentó ayer un proyecto de ley en ese sentido.

En cambio, no encontraron un compromiso del titular de la cartera laboral para frenar el cúmulo de cesantías que imaginan como corolario del plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional.

"Triaca quería armar una comisión. Y todos sabemos para qué se crean las comisiones", reflexionó uno de los negociadores de la CGT, echando mano de aquella máxima de Perón que dice que "cuando uno no quiere que algo suceda tiene que armar una comisión".

Si bien el compromiso de ordenar la situación financiera de las obras sociales reapareció en las últimas tratativas, Mauricio Macri lo había asumido públicamente el 3 de agosto de 2016. Ese día, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Presidente anunció ante la CGT la devolución en tramos de un total de unos 29.000 millones de pesos.

El mandatario dijo entonces que, además de los 2.700 millones de pesos correspondientes a tratamientos de alta complejidad, 8.000 millones se destinarían a la creación de la cobertura universal de salud; 14.000 millones para la compra de bonos del Tesoro, cuyos intereses servirán para financiar el pago de prestaciones médicas; y 4.000 millones para planes de infraestructura.

Habrá que ver ahora si la intransigencia pública que el Gobierno mostró tras el anuncio del paro es parte de la pirotecnia verbal o si efectivamente no hay margen para reencauzar las negociaciones.

Por las dudas, desde la CGT ya avisaron que José Luis Lingeri, el emisario sindical en materia de obras sociales, aguarda paciente un llamado de la Casa Rosada.